Quedó demostrado que cualquier intervención del Gobierno atenta contra las inversiones en la actividad agroindustrial

Este 20 de diciembre de 2001 se cumplen 20 años de una crisis que marcó a la Argentina.

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En el Informativo Semanal N° 2000, la Bolsa de Comercio de Rosario repasó hechos salientes de la comercialización de granos, el contexto en el que éste se desenvolvió y los cambios vividos en el Mercado Físico de Granos de la BCR.

En este sentido, se destaca que con motivo de la caída de la convertibilidad y la impactante devaluación de la moneda nacional del 2001 se multiplicaron las demandas ante la Cámara Arbitral de Cereales de la BCR por parte de vendedores de granos con contratos forwards pactados en pesos, que reclamaban el ajuste de precios por devaluación. Ese año 2002 la Cámara tuvo que fallar en una gran cantidad de expedientes.

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Ese mismo año, mediante una escisión societaria, Rofex crea Argentina Clearing S.A. para actuar como cámara compensadora de todas las operaciones registradas en el mercado. Asimismo, lanza la cotización de futuros de dólar y con eso inicia su División de Derivados Financieros que en pocos años tuvo un sorprendente desarrollo.

El repaso de Mario Acoroni, asesor de la BCR, cita que las retenciones a las exportaciones (DEX) hicieron su reaparición en febrero de 2002: "Las autoridades justificaron la medida por la grave situación que atravesaban las finanzas públicas y para atenuar el efecto de las modificaciones cambiarias sobre los precios internos",

Inicialmente, las alícuotas fueron de 10% para trigo y maíz y de 13,5% para soja y girasol (los productos procesados pagaban sólo 5%). Luego, en abril de ese año, los porcentajes subieron a 20% en cereales y 23,5% en oleaginosas, respectivamente, mientras que harinas y aceites de soja y girasol comenzaron a tributar un 20%. Hacia 2007, durante el último año de la presidencia de Néstor Kirchner (2003 – 2007), el Ministerio de Economía y Producción incrementó las alícuotas en cuatro puntos porcentuales para la soja, quedando, de esta forma, en 27,5% para el grano y 24% para los subproductos. A días de finalizar su mandato, Kirchner volvió a modificar el esquema, fijando para el maíz un derecho de exportación del 25% y para el trigo del 28%, mientras que las alícuotas de girasol y soja se incrementaron hasta 32 y 35%, respectivamente.

A partir de 2006 y hasta 2008, los precios internacionales de las commodities agrícolas alcanzaron niveles récords. Se sumaron varios factores, entre otros:

Todo esto generó una burbuja de precios que treparon a niveles desconocidos, pero que comenzaron a deteriorarse cuando los principales actores que impulsaron las subas se retiraron del mercado a raíz de la crisis.

El 2008, ya en la gestión de Cristina Fernández de Kichner (2007-2011 y 2011-2015), pese a los muy buenos precios internacionales, fue un año particularmente aciago para toda la cadena agroindustrial debido a las nuevas cargas fiscales y controles discrecionales por parte de los organismos públicos.

En marzo, tuvo lugar una nueva modificación en el esquema de retenciones, conocido como la Resolución 125. No obstante que la situación fiscal era sólida y el tipo de cambio había permanecido estable por varios años, el gobierno diseñó un sistema móvil de retenciones para trigo, maíz y los complejos de soja y girasol, que en el momento de su anuncio elevaba la carga tributaria hasta niveles insólitos (48,7% para la soja; 28,8% para el trigo; 36,4% para el maíz y 41,2% para el girasol). Su aplicación motivó la paralización de la comercialización granaria por aproximadamente 120 días. Luego del prolongado conflicto con el campo, el Senado resolvió volver atrás con la Resolución N° 125 y el Ministerio de Economía restableció el régimen de derechos de exportación fijos, con los aranceles vigentes a marzo del 2008.

En mayo de ese mismo año, por Resolución N° 543 de la ONCCA se creó el ROE Verde (Registro de Operaciones de Exportación), que pasó a funcionar como un régimen de licencias de exportación con autorización previa, con ineludible acreditación del contrato de venta externa en firme. El ROE Verde implicaba el acortamiento de los plazos entre el momento de autorización de la operación y la nominación del embarque, contrariando los usos y costumbres del comercio internacional de granos. También exigió un encaje productivo exportador y cálculo del remanente exportable. Esto supeditó la apertura o cierre de ventas al exterior, por medio de resoluciones para el trigo y maíz únicamente, a formas de cálculo que fueron variando tanto en lo que respecta al cupo que le correspondía a cada empresa como a la forma de su determinación para la cosecha presente o la futura.

Por resolución de la ONCCA se creó el Registro Único de Operadores de la Cadena Comercial Agropecuaria (RUCA), que convirtió al registro en una matrícula para ejercer el comercio y sujetó la autorización a la discrecionalidad de un funcionario. Las sanciones pasaron a aplicarse sin sumario previo.

El protagonismo cobrado en la primera década de este siglo por las commodities agrícolas debido al ingreso de China e India al mercado mundial y al auge de los biocombustibles, conformaron un panorama sumamente positivo para el país en cuanto a proyección económica. Sin embargo, el escenario fue extremadamente complejo en términos políticos y sociales. Lo que constituía una oportunidad de crecimiento inmejorable para el país por la suba de las commodities en el mundo, era expuesto por algunos sectores de la sociedad y por funcionarios del gobierno como una amenaza para “la mesa de los argentinos”.

Al asumir Mauricio Macri (2015-2019), las retenciones a las exportaciones se eliminaron para maíz y trigo, y en el caso de la soja y subproductos se planteó un esquema de reducción de un 0,5% mensual a partir de enero de 2017. Además, existía un diferencial de 3 puntos porcentuales entre la oleaginosa y la harina y el aceite. Ese diferencial se eliminó y en septiembre de 2018 el gobierno suspendió la reducción progresiva de retenciones, estableciendo un esquema de DEX de $3 y $4 por dólar FOB exportado.

Cuando se inició la gestión de Alberto Fernández en diciembre de 2019, los DEX para soja y subproductos quedaron en un 30% (18% fijo más 12% que era el límite del esquema de septiembre de 2018), mientras que para los cereales (trigo y maíz) quedó en un 12%.

En marzo de 2020, el Poder Ejecutivo, haciendo valer la facultad concedida por el Congreso Nacional de aumentar los DEX a la soja y derivados en hasta 3 puntos porcentuales, los llevó hasta el 33%, aunque prometió implementar un sistema de compensaciones para aquellos productores sojeros que comercializaran hasta 1.000 toneladas anuales. También dispuso bajas al girasol y algunas producciones regionales.

"El Mercado Físico de Granos de la BCR continuó funcionando conforme las prácticas habituales. No obstante, a partir de 2002, la BCR puso en marcha un sistema a través del cual los contratos de compraventa pasaron a instrumentarse por medios electrónicos, eliminando el soporte papel como base para la registración de la voluntad de las partes. La firma digital se pasó a generar utilizando una tarjeta inteligente que contiene la clave privada del usuario. Este nuevo servicio, denominado “Confirma”, reportó importantes beneficios no sólo a las empresas que lo utilizaran, sino al sistema en general, dado que se redujeron los costos operativos y se agilizó la operatoria comercial, permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles", destaca Arconi.

Vale hacer notar que, en octubre de 2004, cristalizando una labor de las Cámaras Arbitrales de Cereales que demandó varios años, todos los sectores e instituciones intervinientes en la cadena de comercialización aprobaron las Reglas y Usos del Comercio de Granos.

También se destaca la fusión de los dos mercados de futuros de nuestro país, concretada en julio de 2019, fecha a partir de la cual comenzó a funcionar Matba Rofex S.A. con sede en la ciudad de Rosario.

Mario Acoroni destaca las siguientes reflexiones luego de analizar 40 años de comercialización de granos:

En la primera década de este siglo se hicieron más visibles diversos cambios que se venían advirtiendo desde hacía años en la producción agropecuaria argentina y en el sistema de comercialización propiamente dicho, los que impactaron en el proceso de formación de precios de referencia en los mercados de concentración. Estos cambios, por ejemplo, dieron lugar a la adopción bastante generalizada de la entrega de granos en depósito o en condiciones a fijar precio, el canje de granos por insumos, bienes o servicios, y el crecimiento de los negocios directos (sin actuación de intermediarios) que no pasaban por los mercados institucionalizados.

En primer lugar, el auge de la agricultura de escala y las innovaciones en las formas de producción y gestión de la empresa agrícola, derivaron en una concentración del número de explotaciones, con aumento de las áreas sembradas, acompañando una tendencia ya evidenciada en otros países. Simultáneamente, ese fenómeno de concentración condujo a que la agricultura argentina pasase a realizarse mayoritariamente en tierras arrendadas y a un incremento en la cantidad de propietarios rentistas. La comparación de los datos de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988, 2002 y 2018, muestra que las explotaciones agropecuarias cayeron de 420.000 en 1988, a 333.500 en 2002 y a 250.000 en el último censo realizado. Es decir que, en el término de 30 años, las explotaciones agropecuarias se redujeron en un 40%.

Otro fenómeno claramente perceptible fue el notable avance que evidenció el sector de contratistas rurales que prestan servicios a la producción. Un elevado porcentaje de la siembra, fumigación y cosecha de granos pasó a estar a cargo de contratistas, que invierten sumas importantes en maquinaria agrícola y prestan servicios en toda la geografía nacional. En el Censo de 2018 se identificaron 31.312 prestadores de servicios de maquinaria agrícola.

Un factor a tener en cuenta al estudiar los cambios en los mercados de concentración es la fuerte integración vertical que se observa entre los eslabones de las cadenas de valor, entendiendo por tal el establecimiento de relaciones estrechas y estables entre los distintos eslabones que componen una cadena productiva. Esa integración puede darse aguas arriba, hacia la producción (p.e. exportadores o procesadores que cuentan con plantas de acopio y explotaciones propias), como aguas abajo, hacia el consumidor final (p.e. grandes productores que suman a sus actividades la industrialización y exportación de sus cosechas).

Finalmente, otro hecho destacable en el comercio de granos en los últimos 15 años fue el surgimiento de la figura del denominado “correacopio”, que envuelve una estrategia empresarial llevada a cabo por corredores, que simultáneamente actúan en la compraventa de granos como acopiadores a través de empresas del mismo grupo societario. De esta manera, los correacopios se desempeñan como traders (tomando posiciones propias a su riesgo, con el propósito de obtener diferencias favorables) y como brokers (intermediarios a comisión).

Ha corrido mucha agua bajo el puente en los últimos cuarenta años. Argentina ha mostrado un papel preponderante en la producción de productos primarios y agroindustriales, contribuyendo ampliamente al desarrollo económico y social de nuestro país. Así lo evidencias unas pocas cifras: las cosechas de los cinco granos principales (trigo, maíz, sorgo, soja y girasol) hace 40 años redondeaban no más de 30 millones de toneladas, de las cuales 20 millones iban a exportación; en la actualidad se producen aproximadamente 130 millones de toneladas, con exportaciones por 90 millones. Es decir, que ambos rubros se cuadruplicaron.

El conjunto de sectores que integran el ecosistema agroindustrial ha acrecentado su importancia en materia de creación de valor, generación de empleo y provisión de divisas. Cuenta con ventajas competitivas debido tanto a factores naturales como tecnológicos, lo que le permite ubicarse entre los principales productores y exportadores a nivel mundial en ciertos productos, como alimentos, biocombustibles y biomateriales.

También ha quedado demostrado, en el período analizado, que toda intervención del Estado en el mercado de granos con el objetivo de desvincular los precios de los alimentos en el mercado doméstico de la volatilidad de los precios internacionales ha tenido y tiene consecuencias sumamente negativas, conspirando contra las inversiones en la actividad agroindustrial y consecuentemente contra la producción, sin cumplir con el propósito de mantener bajos los precios internos.

Finalmente, para que la Argentina pueda capturar las oportunidades que el mundo le abre como proveedor de alimentos en cantidad, precio y calidad, se requiere un marco de seguridad jurídica y económica para estimular las inversiones y la desregulación de los mercados para fomentar la libre competencia entre sus actores.